(Cochabamba, Mexico City, London, Ottawa, Washington) Más de 300 organizaciones del mundo han firmado un pronunciamiento abierto en el que denuncian a la industria minera y a varios gobiernos que están aprovechando de la pandemia del COVID-19 para obtener nuevas oportunidades mineras y limpiar sus reputaciones dañadas. 

El pronunciamiento identifica a cuatro tendencias que demuestran cómo la industria minera ha aprovechado de la pandemia para beneficiarse y avanzar a sus intereses poniendo en mayor riesgo a las y los defensores del territorio y del agua:

1. Al ignorar la amenaza de la pandemia y continuar operando, ponen en riesgo de infección a comunidades y trabajadores 
2. Continúa la violencia en contra de las y los defensores y la represión de las protestas comunitarias, muchas de ellas de larga data, para promover más minería.
3. Entregar donaciones monetarias, víveres y pruebas para encubrir sus operaciones sucias y mostrarse como salvadores públicos, y
4. Asegurar cambios regulatorios para eliminar el escrutinio público y facilitar licencias para sus operaciones.  

El pronunciamiento solidario global condena las respuestas de las empresas y los gobiernos como agresiones que exacerban las múltiples epidemias – salud, económica, violencia, militarización y captura corporativa – que los pueblos Indígenas, comunidades afectadas y trabajadores, enfrentan a diario.   

En el contexto de una crisis con múltiples facetas que incluyen a la salud global, la economía, y la crisis ecológica y climática, se pone énfasis en el hecho de que son esenciales las comunidades saludables, pueblos Indígenas, trabajadores y movimientos sociales y no las ganancias de empresas mineras depredadoras, y son ellas y ellos quienes tienen que estar al centro de los planes para avanzar como sociedades. 

Informe Breve – “Voces del territorio : Como la industria minera está beneficiando de la Pandemia COVID-19”. 

Hoy se lanzó el reporte breve, “Voces del territorio : Como la industria minera está beneficiando de la Pandemia COVID-19”, que subraya docenas de casos emblemáticos del mundo para fortalecer a las tendencias hallado en el pronunciamiento. Puede acceder al reporte aquí y firmar su nombre al pronunciamiento , aquí. 

[INFORME] Informe Revela que la Industria Minera Global se Beneficia de la Pandemia, Pone en Grave Riesgo a Comunidades y Trabajadores, Promueve Represión y Desregulación 

(Ottawa/Londres/Ciudad de México/Washington) En un nuevo informe publicado hoy, se denuncia que desde marzo la industria minera ha sido declarada “esencial” en muchos países del mundo, permitiéndoles seguir operando en medio de las medidas de paralización, con resultados devastadores. El análisis se basa en reportes desde los territorios afectados, y en una revisión de casi 500 artículos de prensa, e informes de las empresas y la sociedad civil, de los cuales 180 están directamente ligados a preocupaciones que sostienen/ reportadas por  las comunidades y/o trabajadores.   

Como resultado del comportamiento de la industria en medio de la pandemia, los autores hacen notar que, mundialmente, los sitios mineros se han vuelto puntos importantes para el contagio. De esa manera, están poniendo en grave riesgo a los trabajadores y a las comunidades indígenas y campesinas aledañas, muchas de las cuales ya sufren impactos en la salud relacionados a la minería. Más de 3,000 trabajadores mineros en 18 países diferentes han reportado brotes en sus campamentos mineros, lo que lleva a temer de que el virus se propague entre las poblaciones vecinas ya vulnerables por enfermedades preexistentes relacionadas a la actividad minera. Brotes masivos en las minas de Cobre Panamá (Panamá), Olimpiada (Russia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú) no fueron reconocidos mientras cientos de trabajadores dieron positivo. A pesar de ello las empresas mantuvieron sus operaciones. Según los analistas, la falta de pruebas en muchos lugares y la falta de vigilancia, podría significar que el número de contagiados sea mucho mayor. 

Las y los defensores del territorio y del agua viviendo bajo cuarentena están enfrentando mayores riesgos a su seguridad. Reportes desde los territorios muestran cómo las empresas y los gobiernos están utilizando la pandemia para sofocar o reprimir a protestas comunitarias de larga data, como es el caso en las Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador. Defensores están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México. En algunos casos, se está implementando nuevas legislaciones que podría criminalizar aún más a la protesta social o permitir mayor represión.

En las Filipinas, el gobierno de Rodrigo Duterte está utilizando la pandemia para continuar con sus ataques hacia los derechos humanos y los defensores del territorio. En Abril, los campamentos pacíficos de protesta a la mina Didipio de Oceana Gold, fueron desalojados de manera violenta por las fuerzas policiales. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado el assesinato de activistas anti-mineros y la continuación de la práctica de las “etiquetas-rojas”. 

“Aun así con la pandemia del COVID-19, los asesinatos extrajudiciales y otras formas de violaciones a los derechos humanos persisten bajo el control despótico del Presidente Rodrigo Duterte”, comentó la Red de los Pueblos para en Medio Ambiente – Kalikasan en un comunicado de prensa. 

En Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha impuesto un toque de queda de 24 horas y suspendió los derechos más básicos, incluyendo la libertad de expresión y de asociación, y está utilizando a las fuerzas militares y policiales para su aplicación. Mientras tanto, las autoridades han abierto una ventanilla virtual para facilitar a que las empresas puedan obtener los permisos ambientales, lo cual ocurre con una total falta de transparencia.   

“Así como la ley de minería de 1998 en Honduras fue aprobada en medio de una de las más grandes emergencias vividas en Honduras, tras el paso del Huracán Mitch, que cobró la vida de más de 20,000 personas, dejando damnificados a un promedio de 3 millones de personas  y generando un impacto económico que significó un retroceso de 40 años en los niveles de desarrollo. Ahora, en medio de la Emergencia Humanitaria mundial derivada del Covid-19, el régimen del gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández, nuevamente se aprovecha de una crisis para implementar sus prácticas corruptas a favor de la minería.” Pedro Landa, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras 

Según el análisis, en otros lugares las empresas están también asegurando cambios regulatorios para beneficiarlos ahora y en el futuro. 

En Brasil, un video revelado por la Corte Suprema de este país muestra al Ministro del Medio Ambiente diciendo que la pandemia representa una “oportunidad para desregular las políticas medioambientales”. En los últimos dos meses, el gobierno de Bolsonaro ha despedido a altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ambiental, por haber hecho su trabajo de controlar la minería ilegal en la Amazonía. A la vez, ha otorgado cientos de concesiones mineras y está tratando de hacer aprobar legislación que permitiría una mayor apertura de territorios indígenas para las actividades mineras.    

“Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez más amenazadas por actividades económicas depredadoras que amenazan la integridad de nuestros territorios ancestrales y los recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia. Con la crisis de COVID-19, las actividades ilegales de mineros, madereros, misioneros, narcotraficantes y otros invasores representan una amenaza aún mayor, ya que pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades. Por esta razón, exigimos que se detenga inmediatamente cualquier actividad económica en nuestros territorios, garantizando así la protección de todos nuestros niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos sabios y nuestros familiares en aislamiento voluntario”, Nara Baré, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña – COIAB. 

En este contexto, las donaciones de las empresas mineras hacia las comunidades y los gobiernos están percibidas como un intento de lavar su imagen, sobre todo cuando exponen a las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente a mayor riesgo.  

“La pandemia de COVID-19 no es la única crisis que estamos enfrentando. Por una década, comunidades afectadas por la mina El Escobal han luchado para proteger su salud de las actividades mineras. La corte guatemalteca, ordenó que Pan American Silver suspendiera sus operaciones durante la consulta, lo cual incluye relaciones comunitarias, ya que dan lugar a tensiones y conflicto. Pan American Silver debería obligar a sus empleados a quedarse en casa y dejar de tratar de comprar apoyo para la mina durante esta crisis sanitaria,” dice Luis Fernando García Monroy representante del Parlamento del Pueblo Xinka.

Ante todo, las historias subrayadas en el informe revelan que las personas afectadas por la minería enfrentan varias pandemias — sanitaria, económica, de violencia, de militarización y de captura corporativa –, que están empeorando a la medida que la pandemia del COVID-19 se cruza con la industria minera depredadora. Esta lucha múltiple es lo que ahora enfrentan las comunidades afectadas en la defensa de sus tierras, aguas, salud y modos de vida.  

“Para poder visualizar un camino hacía el futuro que garantice las necesidades básicas de alimentación, aire y agua limpios, comunidades saludables y la supervivencia planetaria, no se puede depender de las empresas mineras y su búsqueda de ganancias. Sin embargo, las luchas centradas en la salud y los enfoques colectivos de las comunidades y los pueblos indigenas afectados por la minería permiten re-enfocarnos en lo que es realmente esencial para un futuro más sano para todos “, dice Kirsten Francescone, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canada.

*Este reporte ha sido escrito con contribuciones de Earthworks (USA), Institute for Policy Studies – Global Economy Program (USA), London Mining Network (UK), MiningWatch Canada, TerraJusta, War on Want (UK) and Yes to Life No to Mining y muchas organizaciones más.

Para más información, o para obtener información, por favor contactar a: 

• Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected]
• Benjamin Hitchcock Auciello, Earthworks, [email protected]
• Thomas Mc Donagh, TerraJusta, [email protected]
• Jen Moore, IPS – Global Economy Project, [email protected]
• Hal Rhoades, Yes to Life No to Mining, [email protected]
• Richard Solly, London Mining Network, [email protected]

Entre los otros hallazgos del análisis:

Las empresas mineras ignoran la pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible. Las minas que hacen alarde de las restricciones de seguridad por el Covid-19 incluyen:

• El proyecto de la mina de arenas petrolíferas Kearl Lake en el norte de Alberta, Canadá, donde las operaciones continúan incluso después de que 45 trabajadores dieron positivo. El brote provocó brotes en cuatro provincias y está relacionado con la muerte de dos ancianos indígenas Dene en la provincia vecina de Saskatchewan. 
• La mina de cobre Antamina en Perú, donde las operaciones no se cerraron sino  hasta el 30 de abril, después de que un trabajador fue reportado muerto y otros 210 infectados.
• La mina Cobre Panamá en Panamá, donde las operaciones continuaron a plena capacidad hasta el 7 de abril, cuando las autoridades gubernamentales mandaron a cerrarla, a pesar de informes de múltiples infecciones y la muerte de un trabajador por contrato días antes.
• La mina Olimpiada en Siberia, donde más de 866 trabajadores dieron positivo y donde se llamó a los militares para garantizar que los mineros continúen trabajando mientras la mina funciona a plena capacidad.

Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para asegurar cambios regulatorios que favorecen a la industria a costo de las personas y el planeta:

• Ecuador, donde el gobierno del presidente Lenin Moreno ordenó a las autoridades locales levantar las restricciones al transporte de minerales para revitalizar la economía golpeada por la pandemia.
• Indonesia, donde una ley minera muy cuestionada e impugnada debido a protestas sociales, se aprobó sin participación pública.
• En Colombia, después de protestas de los grupos indígenas el gobierno convirtió las audiencias públicas de licencias ambientales y los procesos de consulta pública en consultas virtuales en línea, para “evitar la propagación de COVID-19”.
• Honduras, donde los permisos ambientales secretos se hicieron en línea y ciertas responsabilidades para la aprobación de minas fueron transferidas al Secretario de Desarrollo Económico.

Los gobiernos de todo el mundo están callando protestas legítimas y promoviendo el sector minero. Éstas incluyen:

• Turquía y Filipinas, donde las protestas contra la mina Didipio de OceanaGold en Filipinas y la mina Kirazlı de Alamos Gold en Çanakkale, Turquía, fueron desalojadas violentamente de sus campamentos por las autoridades, citando medidas sanitarias COVID-19.
• Ecuador, donde la policía llevó presos a tres funcionarios públicos de Morona Santiago (Amazonía ecuatoriana) por impedir que los camiones de la empresa, transportaran minerales de la mina Fruta del Norte de Lundin Mining, por temor a un brote.
• México, donde durante los primeros dos meses de medidas de cuarentena dos periodistas y cuatro defensores de los derechos humanos fueron asesinados, tres de los cuales estuvieron involucrados en la defensa de la tierra y el medio ambiente.
• Colombia, donde se han planteado serias preocupaciones con respecto a los nuevos riesgos que representa la pandemia COVID-19 para líderes sociales, defensores y comunidades bajo amenaza de violencia. 36 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde que se identificó el primer caso del virus.

Las empresas mineras están utilizando la pandemia como una oportunidad para lavar su imagen sucia y presentarse como salvadores que están trabajando por el interés público:

• Barrick Gold, conocido por violaciones atroces de los derechos humanos, realizó importantes donaciones en efectivo a varios gobiernos africanos por el COVID-19, causando preocupación por la transparencia y corrupción.
• El gigante minero Vale, conocido por sus catastróficos desastres de relaves que causaron daños irreparables a las personas y al planeta, compró millones de kits de prueba para sus operaciones.
• Newcrest Mining donó millones para la investigación de vacunas y un fondo de apoyo comunitario, pero está acusado de afectar gravemente la salud y el bienestar de las comunidades en Ecuador, Costa de Marfil y Papua Nueva Guinea.

Para obtener más información o información bajo embargo, comuníquese con:

* Agregue contactos de prensa relevantes de su organización (s) *

* Este informe se elaboró ​​con contribuciones de Earthworks (EE. UU.), Institute for Policy Studies – Global Economy Program (EE. UU.), London Mining Network (Reino Unido), MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want (Reino Unido) y Yes to Life No Minería con el apoyo de muchas otras organizaciones.