WASHINGTON — Durante la última década, la migración irregular de Guatemala a los Estados Unidos ha aumentado drasticamente. Gran parte de la migración proviene del Altiplano Occidental, una región que se encuentra entre las más pobres y rurales del país. Se estima que había 1.3 millones de inmigrantes guatemaltecos viviendo en Estados Unidos en 2020, un 44 por ciento más que en 2013, y más de la mitad de ellos vivían irregularmente en Estados Unidos. La importancia de la migración como un salvavidas se recalco durante la crisis de COVID-19, con un aumento de las remesas a Guatemala de 10,500 millones de dólares antes de la pandemia a 15,300 en 2021, superando con creces los ingresos del gobierno y seguramente rebasando el valor de todas las exportaciones del país.

Sin embargo, no todos los municipios del departamento de Huehuetenango, en el Altiplano Occidental, tienen la misma intensidad de emigración, y hay muchos cuyos patrones migratorios aún se concentran mayoritariamente en otros destinos dentro de Guatemala y en el sur de México. Además, los residentes, en particular las comunidades indígenas, expresan un profundo sentido de arraigo en sus comunidades locales.

Si bien la migración irregular se ha convertido en un camino cada vez más común para que los huehuetenanganos salgan de la pobreza, la violencia, la corrupción, la discriminación y el acceso inadecuado a los servicios básicos y la nutrición, también expone a los migrantes a riesgos significativos y divide a las familias.

¿Cómo se pueden mejorar los medios de subsistencia para que la migración no sea la única opción? ¿Y cómo se pueden desarrollar alternativas a la migración irregular, en particular dado que es probable que el flujo hacia los Estados Unidos continúe durante algún tiempo?

Un nuevo informe del Migration Policy Institute (MPI) y la organización no gubernamental guatemalteca Asociación Pop No’j busca explicar las causas subyacentes y las causas detonantes que impulsan a las personas a abandonar sus hogares, a través de una mirada cercana a los patrones y los impulsores de la emigración. Posteriormente, ofrece estrategias para la gestión migratoria y para el mejoramiento de los medios de vida. El informe, financiado con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se basa en parte en más de 50 entrevistas con actores locales y nacionales, incluidos líderes comunitarios, proveedores de servicios, funcionarios del gobierno nacional y destacados académicos.

El principal hallazgo es que los formuladores de políticas en Estados Unidos, México y Canadá deberían explorar activamente cómo expandir vías legales temporales que permitan a los guatemaltecos trabajar temporalmente en el extranjero, abordando las necesidades del mercado laboral en el país de destino, mientras que permanecen arraigados en sus comunidades de origen. Cerca de 200,000 jóvenes guatemaltecos ingresan al mercado laboral cada año, sin embargo, hay pocos trabajos nuevos para ellos. Guatemala es el quinto país más pobre de América Latina y el Caribe, el quinto con mayor inseguridad alimentaria a nivel mundial y tiene la tasa de desigualdad de tierras más alta del mundo.

“Es probable que ninguna combinación de intervenciones de desarrollo o aplicación de la ley de inmigración reduzca significativamente la migración  irregular a corto plazo, por lo que brindar opciones de migración legal ayudaría a garantizar que una mayor parte de este movimiento ocurra de manera segura, ordenada y regular”, escriben los autores Andrew Selee, Luis Argueta y Juan José Hurtado Paz y Paz. “Este puede ser el tema más importante a abordar en el corto plazo cuando se trata de gestionar la migración irregular desde Guatemala”.

Aprovechando el fuerte sentido de arraigo de los residentes y la preferencia de no emigrar si se pudiesen mejorar las condiciones, el informe también recomienda desarrollar la infraestructura social y económica de las comunidades locales, incluyendo la educación y la salud; así como trabajar con actores locales como agentes de cambio y adaptar intervenciones al contexto local.

“No existe una estrategia única que frene la migración no autorizada o incluso proporcione una alternativa creíble para la mayoría de las familias en el Altiplano guatemalteco”, concluyen los autores. “Sin embargo, existen enfoques que, con el tiempo, pueden crear oportunidades significativas para las personas que eligen no migrar y mejores condiciones para el desarrollo humano que les permitan tener una buena vida donde viven”.

Puede leer el informe, Migración de Huehuetenango en el Altiplano Occidental de Guatemala: Respuestas de políticas públicas y desarrollo, aquí: www.migrationpolicy.org/research/migracion-huehuetenango-guatemala.

Y en ingles aquí: www.migrationpolicy.org/research/migration-huehuetenango-guatemala.

Este trabajo es el último del proyecto Iniciativa para la gestión de la migración regional de MPI. El proyecto presenta un nuevo enfoque para gestionar la migración regional que se centra en cuatro pilares: sistemas de protección humanitaria efectivos, vías legales para poblaciones específicas, gestión de la migración profesionalizada e inversiones informadas en desarrollo y gobernanza en los países de origen, tránsito y recepción.

Para más información sobre la Asociación Pop No’j, visite: www.asociacionpopnoj.org/.