Asociación Pop No’j
30 de abril, 2020
GUATEMALA
Guatemala es conocido como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Ahora, por decreto, pretenden que sea un “país seguro”. Pero lo cierto es que Guatemala es un país que expulsa a su propia población, no es capaz de garantizar una vida digna a las y los guatemaltecos, mucho menos lo puede ofrecer a personas de otras nacionalidades. Por eso insistimos: “Guatemala No es ningún tercer país seguro”.
En Guatemala las causas principales que obligan a su población a huir son: la violencia estructural, impregnada de racismo y discriminación, que se expresa en las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que vive la mayoría de la población y especialmente indígena; la Violencia por parte del Estado que no garantiza las condiciones para que las personas no se vean forzadas a migrar, que además criminaliza y reprime las luchas sociales; violencia generalizada que incluye la del crimen organizado, extorsiones y amenazas por pandillas en áreas urbanas, y delincuencia común; violencia de género y violencia intrafamiliar. También hay quienes migran por reunificación familiar, como es el caso de muchas de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las grandes empresas que promueven minería a cielo abierto, hidroeléctricas, monocultivos y otros megaproyectos, están apropiándose de los territorios indígenas, para explotar sus bienes naturales, dejando contaminación, suelos infértiles, causando sequía, dejando comunidades fantasmas donde no se puede vivir y tener una vida digna. Las y los defensores de la vida, que defienden la tierra y el territorio, son criminalizados, perseguidos, en muchos casos, incluso, asesinados y se les expulsa de sus tierras. Esto ha continuado aún en el contexto de la pandemia que ahora afecta a la humanidad.
Para poner un ejemplo: el departamento de Huehuetenango, Guatemala, fronterizo con México, es uno de los mayores expulsores de migrantes. Cuenta con una población estimada de 1,171,000 habitantes (2018). La mayoría de la población es indígena Maya de 9 comunidades lingüísiticas diferentes, que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con grandes tazas de desnutrición. Según un estudio del propio Ministerio de Salud (2017) tiene únicamente 2 médicos por cada 10, 000 habitantes.
Existen Puestos de Salud, pero en condiciones precarias, sin abastecimiento de medicina. El sistema de salud guatemalteco está fundamentalmente respaldado por el gasto de bolsillo de las familias. Es decir, los hogares financian con sus propios recursos y de forma directa el 52.2% del gasto en salud[1].
Una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que no existen fronteras, que éstas son una creación artificial. El COVID-19 ha afectado a todos los países, lo que evidencia que todas y todas somos una misma humanidad.
También la lucha contra esta pandemia nos deja claro que los Estados deben invertir más en salud y educación, y no en más armas y control. Los muros físicos que construyen no detendrán el caminar de las personas que por siglos hemos migrado.
En el contexto de la pandemia, las autoridades de Estados Unidos han seguido deteniendo y deportando a migrantes indocumentados, poniendo el riesgo su seguridad, sus vidas, su salud, la de sus familias y sus comunidades. Según las últimas declaraciones del presidente de Guatemala, son 50 los deportados desde EE.UU. que dieron positivo a la prueba de coronavirus. Además, el mayor número se registró en un vuelo el 26 de marzo, en el que 24 de los 42 migrantes a bordo resultaron infectados, al que el presidente llamó “vuelo maldito”.
En condiciones “normales”, el Gobierno no ha llevado adelante políticas efectivas de apoyo a las personas deportadas. Se limita únicamente a recepción de la población migrante y no garantiza una reintegración digna a sus comunidades.
En el contexto de la pandemia, a las personas migrantes que regresan por vía aérea las ubican en un albergue para deportistas, donde están en observación solamente durante 3 días. En el caso de quienes regresan por tierra, han implementado un albergue de emergencia en donde también los ponen bajo observación durante 3 días, tiempo que es insuficiente para observar si la persona va a desarrollar la enfermedad. Luego los envían a sus comunidades, donde no existen condiciones para que puedan cumplir con la cuarentena.
El gobierno ha desarrollado algunas acciones como entrega de cajas de alimentos y un fondo económico de apoyo, pero sin mecanismos adecuados para garantizar que lleguen a las familias que más lo necesitan. De estos apoyos, no hay ninguna en concreto que beneficie a la población migrante deportada de México y Estados Unidos.
Es difícil enfrentar esta crisis, pero es aún más difícil para la población indígena, que históricamente ha sido discriminada y marginalizada; ser indígena, pobre o vivir en el área rural de Guatemala implica tener menos acceso a los servicios de salud y en general a hacer efectivos los derechos.
Es preocupante pensar que la pandemia se expanda hacia las comunidades más pobres del país, lo cual es inminente.
Una de las indicaciones para evitar el contagio es el lavado de manos constante, pero eso es muy difícil de hacer cuando casi la mitad de la población no cuenta con agua dentro de sus viviendas. Según el Censo de 2018, únicamente 59 de cada 100 guatemaltecos tiene este privilegio; el resto depende de tuberías fuera de su vivienda, pozos, chorros públicos, camiones cisterna, nacimientos de agua, ríos, lagos o manantiales.
El 44% de los guatemaltecos además reside en casas que tienen un solo dormitorio y únicamente el 45% de las viviendas cuenta con un inodoro conectado a la red de drenajes. Aunado a eso, el 11% por ciento de los guatemaltecos comparten el baño con otras familias. Esas cifras hacen casi imposible que las personas diagnosticadas con coronavirus, y que no necesiten de hospitalización, puedan mantenerse aisladas de su familia, en una habitación y haciendo uso de un baño distinto al que usa el resto, tal como sí pueden hacer personas contagiadas de otros países.[2]
En Guatemala se hablan 22 idiomas Mayas, pero hace falta mucha información en el idioma de las comunidades. Tanto en Guatemala como en el extranjero, a las personas indígenas en la diáspora, no se brinda información en los idiomas propios.
Las restricciones para evitar la propagación del COVID 19 han propiciado efectos negativos para muchas familias, que viven al día. A pesar de ello, en medio de la pandemia, se están favoreciendo a los poderosos, desamparando a los más pobres, con iniciativas de Ley que favorecen a empresarios y desprotegen a trabajadores y a la gente más pobre. Por ejemplo, el Congreso de la República aprobó una ley que exonera del pago de impuestos a empresas nuevas por cien años, mientras tanto el Decreto 15-2020 que buscaba garantizar los servicios básicos, como agua, energía eléctrica, teléfono e internet a quienes no pudieran pagarlos durante la crisis, fue vetada por el Presidente.
Como hemos dicho, Guatemala no está preparada para afrontar esta pandemia y no ofrece las condiciones para ser un “tercer país seguro”. Los Acuerdos de Cooperación de Asilo –ACA-, mejor conocidos como “Acuerdos de Tercer País Seguro” firmados en julio de 2019, entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos, se hicieron a espaldas de los pueblos. Los firmaron entre el Departamento de Seguridad Nacional –DHS- por sus siglas en inglés, de Estados Unidos y el Ministro de Gobernación de Guatemala, lo cual no corresponde como procedimiento. A la fecha, no han hecho públicos los otros acuerdos ni sus anexos.
Y en virtud de estos acuerdos, EE.UU. puede deportar migrantes que buscan asilo a Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque no provengan de esos países. Al deportar personas a países que no son los propios y donde pueden afrontar peligros, EE.UU. les niega protección y vulnera el derecho internacional de refugiados. Los pone en peligro; que no tengan acceso a servicios básicos y derechos humanos de conformidad con la Convención de 1951 y tengan acceso a trámites justos y eficientes para determinar si deben tener el estatus de refugiados y poder así acceder al asilo.
No se pueden considerar como acuerdos seguros cuando no se pueden garantizar que los solicitantes de asilo estén protegidos frente a la devolución o el retorno
Por tanto, al Congreso de Estados Unidos solicitamos:
- Oponerse a los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA). Son acuerdos ilegales, ilegítimos e irrealizables.
- Solicitar al Departamento de Seguridad Nacional –DHS- que deje de presionar a los países de la región para evitar que sus ciudadanos u otros busquen protección internacional.
- Solicitar al DHS y al Departamento de Estado copias de los textos completos de los Acuerdos de Cooperación de Asilo, así como de los acuerdos sobre seguridad fronteriza e intercambio de datos biométricos, incluidos sus anexos, e información sobre su financiación, instrucciones para su implementación y los plazos.
- Retener los fondos destinados a la implementación de los ACA que no estén relacionadas con asistencia a organizaciones humanitarias internacionales, como los destinados a llevar a cabo el mandato de la Agencia de la ONU para los proteger a los refugiados.
- Los subcomités de asignaciones a cargo de presupuestos para el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional deberían incluir lo siguiente en el proyecto de ley de asignaciones 2021: “En ningún caso se utilizarán estos fondos para la implementación de los Acuerdos de Cooperación de Asilo entre EE.UU., Guatemala, El Salvador y Honduras”.
- Visitar los países de Guatemala, Honduras y El Salvador para evidenciar que no son países seguros y verificar las condiciones de los centros de recepción para migrantes deportados y refugiados; asimismo para monitorear la implementación de los Acuerdos.
- Oponerse a la militarización de las fronteras que aumentan la violación a derechos humanos y exigir que se invierta en seguridad humana.
- En este espacio, pedimos que todos se comprometan hoy a dirigir una carta a DHS exigiendo que paren las deportaciones de inmediato y garantizar ante todo la salud, seguridad y la vida de las personas en contextos de la pandemia.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52364025
[1] Financiamiento y Gasto en Salud, Ministerio de Salud, 2017. https://www.mspas.gob.gt/images/files/cuentasnacionales/publicaciones/CNyES(2017)Analisistecnicogastoensalud.pdf
[2] Financiamiento y Gasto en Salud, Ministerio de Salud, 2017. https://www.mspas.gob.gt/images/files/cuentasnacionales/publicaciones/CNyES(2017)Analisistecnicogastoensalud.pdf