Gerardine Aldana, Procuradora General de la República de El Salvador, acompañada por una delegación de la Procuraduría a su cargo y del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador – GMIES –, el pasado lunes 2 de diciembre (6 No’j en el Calendario Maya), visitaron las oficinas centrales de Pop No’j con el propósito de comprender a mayor profundidad el contexto en relación a la migración en Guatemala y el trabajo que Pop No’j realiza en relación a la migración.

El personal de Pop No’j expuso que el llamado Convenio de “Tercer País Seguro” que Guatemala firmó en julio pasado es ilegal, ilegítimo e inviable.  Es ilegal pues no fue aprobado por el Congreso de la República y contraviene el derecho a la protección internacional; además fue firmado bajo coacción, lo que lo invalida.  Es ilegítimo porque ha sido negociado a espaldas de los pueblos y en detrimento de los derechos de los ciudadanos de nuestros países.  Es inviable pues el Estado de Guatemala es incapaz de garantizar los derechos y la seguridad de sus ciudadanos, mucho menos podrá hacerlo para personas originarias de otros países.

Pese a ello, sin haber las condiciones adecuadas para acoger a personas que requieren de protección, ya se comenzó a implementar este acuerdo.  La semana pasada llegó a Guatemala el primer hondureño que buscaba asilo, quien finalmente optó por regresar a su país de origen, pues Guatemala no es ninguna opción.  Y apenas ayer llegaron otras 3 personas más, como parte de la implementación de este convenio.

El personal de Pop No’j explicó el trabajo que realiza acompañando el proceso de reunificación y reintegración de niños, niñas y adolescentes migrantes, en su mayoría indígenas, que regresan de Estados Unidos y México.  Procura que la atención sea integral, dando acompañamiento a la familia desde antes que el o la menor de edad regrese, observar la reunificación familiar y dar un seguimiento a su reintegración, atendiendo aspectos de salud física y emocional, la reinserción en la educación formal o búsqueda de otras alternativas educativas, asesoría legal cuando se requiere, y búsqueda de alternativas económicas para las familias.

Durante la conversación, se destacó la importancia de la coordinación entre las entidades del Estado y las organizaciones de sociedad civil para procurar la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Se hizo la solicitud a la Procuradora General de la República de El Salvador, la Sra. Aldana, para que trabaje en conjunto con la Procuraduría General de la Nación de Guatemala para que esta última asuma plenamente su responsabilidad para hacer efectivo el Interés Superior de la Niñez.